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miércoles, 30 de agosto de 2017

Primera República Española



La Primera República Española fue el régimen político que hubo en España desde su proclamación por las Cortes, el 11 de febrero de 1873, hasta el 29 de diciembre de 1874, cuando el pronunciamiento del general Martínez Campos dio comienzo a la Restauración borbónica en España.
El primer intento republicano en la Historia de España fue una experiencia corta, caracterizada por la profunda inestabilidad política y social y la violencia. La República fue gobernada por cuatro presidentes distintos hasta que, tan sólo once meses después de su proclamación, se produjo el golpe de Estado del general Pavía y la instauración de una república unitaria dominada por el Duque de la Torre.
El período estuvo marcado por tres guerras civiles simultáneas: la Tercera Guerra Carlista y la sublevación cantonal en la península ibérica y la Guerra de los Diez Años en Cuba. Los problemas más graves para la consolidación del régimen fueron la falta de verdaderos republicanos, la división de éstos entre federalistas y unitarios y la falta de apoyo popular.

Proclamación de la Primera República

Bandera, de carácter provisional1​, de la Primera República Española
El rey Amadeo I renunció al trono de España el día 11 de febrero de 1873. Esta renuncia estuvo motivada por las dificultades a las que tuvo que enfrentarse durante su corto reinado, como la guerra en Cuba, el estallido de la Tercera Guerra Carlista, la oposición de los monárquicos alfonsinos, que aspiraban a la restauración borbónica en la figura de Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II, las diversas insurrecciones republicanas y la división entre sus propios partidarios.
El Congreso, con inclusión del Senado, estaba reunido en sesión conjunta y permanente, y mientras esperaba alguna comunicación final del Rey se erigió en Asamblea Nacional. Imperaba en ésta una mayoría más que absoluta de parlamentarios monárquicos, pertenecientes a los dos partidos monárquicos y dinásticos que hasta entonces se habían turnado en el gobierno: el partido radical de Manuel Ruiz Zorrilla y el partido constitucional de Práxedes Mateo Sagasta. Junto a la abrumadora mayoría monárquica se sentaba en la Asamblea Nacional una minoría republicana, muy dividida entre federales y unitarios. Uno de ellos, el federalista Francisco Pi y Margall, presentó a la Asamblea la siguiente proposición:
La Asamblea Nacional asume los poderes y declara como forma de gobierno la República, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de gobierno.
Pi y Margall, en su defensa de la propuesta —de la que era firmante junto con Figueras, Salmerón y otros diputados—, aunque se reafirmaba como federalista, renunciaba en ese momento a imponer como forma de gobierno la República federal con la esperanza de que fueran las Cortes Constituyentes que debían convocarse quienes la declararan, y anunciaba su acatamiento a otra decisión distinta si así se adoptaba democráticamente. Emilio Castelar subió al estrado y pronunció este discurso:
Señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria; con la renuncia de don Amadeo de Saboya, la monarquía democrática; nadie ha acabado con ella, ha muerto por sí misma; nadie trae la República, la traen todas las circunstancias, la trae una conjuración de la sociedad, de la naturaleza y de la Historia. Señores, saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra patria.
Tras el elocuente discurso de Castelar, entre encendidos aplausos, fue proclamada la República Española, con la resignación de los monárquicos, por 258 votos a favor y sólo 32 en contra:
La Asamblea Nacional resume todos los poderes y declara la República como forma de gobierno de España, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de gobierno. Se elegirá por nombramiento directo de las Cortes un poder ejecutivo, que será amovible y responsable ante las mismas Cortes.
En esta misma sesión, se eligió el primer gobierno de la República. El republicano federal Estanislao Figueras resultó elegido "Presidente del Poder Ejecutivo" (jefe de Estado y Gobierno) y no "Presidente de la República" pues nunca se llegó a aprobar la nueva Constitución que creaba ese cargo; en su discurso, dijo que la llegada de la República era «como el iris de paz y de concordia de todos los españoles de buena voluntad».
La aprobación de esas resoluciones sorprendió y desconcertó a toda España, ya que en las Cortes, elegidas pocos meses antes, los republicanos eran una minoría. Ruiz Zorrilla afirmaba en plena Asamblea:
Protesto y protestaré, aunque me quede solo, contra aquellos diputados que habiendo venido al Congreso como monárquicos constitucionales se creen autorizados a tomar una determinación que de la noche a la mañana pueda hacer pasar a la nación de monárquica a republicana.
Para muchos, dada la imposibilidad de restaurar a Isabel II y la juventud del futuro Alfonso XII, la República es la única salida posible, aunque sólo sea como medida provisional, en razón del fracaso inevitable que la aguarda.

Gobierno de Estanislao Figueras

Este primer gobierno lo formaban federales y progresistas, que ya habían sido ministros durante la monarquía. En él cuatro ministros del rey Amadeo; Echegaray, Becerra, Fernández de Córdoba y Berenguer, ocupaban los ministerios de Hacienda, Guerra, Marina y Fomento.
Al comenzar, afrontaban una desesperante situación financiera: déficit presupuestario de 546 millones de pesetas, 153 millones en deudas de pago inmediato y solo 32 millones para cubrirlas. El Cuerpo de Artillería había sido disuelto en el momento de más virulencia en las guerras cubana y carlista, para las que no había suficientes soldados, armamento ni dinero con el que alimentar o adquirirlo. Por otro lado, España atravesaba una aguda crisis económica, coincidente con la gran crisis mundial de 1873 y agudizada por la inestabilidad política; en los años precedentes había aumentado el paro entre jornaleros y obreros. Las organizaciones proletarias respondieron con huelgas, marchas, concentraciones de protesta y la ocupación de tierras abandonadas.
El 23 de febrero, el recién elegido presidente de la Asamblea Nacional, el radical Cristino Martos, organizó un intento de golpe de Estado, llegando la Guardia Civil a ocupar el Ministerio de Gobernación y la Milicia Nacional el Congreso, para instaurar una república unitaria. Esto provocó la primera remodelación del gobierno sustituyendo a los ministros progresistas por ministros republicanos federales.
Doce días después de proclamarse la República, se firmó solemnemente el cese del servicio militar obligatorio, y se creó el servicio voluntario. Cada soldado cobraría 1 peseta diaria y 1 chusco. Se creaba asimismo una milicia de voluntarios de la República, con un sueldo de 50 pesetas al alistarse y 2 pesetas y 1 chusco diarios.
El segundo gobierno de Figueras tuvo que enfrentarse al intento de proclamación del Estat Català el 9 de marzo dentro de la República Federal Española, que fue superado tras una serie de gestiones telegráficas con los dirigentes catalanes. Poco después, el 23 de abril, se produjo un nuevo intento de golpe de Estado preparado por alfonsinos, miembros de la Unión Liberal, progresistas de Sagasta y sectores monárquicos del Ejército, pero fracasaron cuando varias unidades se abstuvieron a última hora.
Se suele considerar a Pi y Margall como el alma de este gobierno que hubo de enfrentarse a un sinfín de problemas ya endémicos para la Primera República (Tercera Guerra Carlista; sublevaciones separatistas, en este caso de Cataluña; indisciplina militar, conspiración monárquica, etc.); su gobierno disolvió la Asamblea y convocó Cortes Constituyentes para el 1 de mayo. El 23 de abril, Cristino Martos, esta vez amparado en el gobernador civil de Madrid, Estébanez, intentó un nuevo golpe de Estado: un batallón de milicianos tomó posiciones en el Paseo del Prado y cuatro mil voluntarios más, perfectamente armados, se concentraron en la plaza de la Independencia con el pretexto de pasar revista. Enterado de la intentona golpista, Pi y Margall (a la sazón ministro de Gobernación) movilizó a la Guardia civil. El ministro de la Guerra, por su parte, tras nombrar capitán general de Madrid a Baltasar Hidalgo, ordenó que el brigadier Carmona, con un batallón de infantería y algunas unidades de artillería y caballería, marchara sobre los milicianos: el golpe de Estado fracasó apenas iniciado, y el gobierno disolvió la Comisión Permanente del Congreso y los batallones que participan en la conjura.
El gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes para el 10 de mayo, que resultaron en 343 escaños para republicanos federales y 31 para el resto de fuerzas políticas. Las elecciones se desarrollaron en condiciones muy poco ortodoxas, y su representatividad resultó ridícula, pues no participaron ni los carlistas (en guerra desde 1872), ni los monárquicos alfonsinos de Cánovas del Castillo, ni los republicanos unitarios, ni tan siquiera las incipientes organizaciones obreras adscritas a la Internacional, que se pronunciaron por la abstención. Fueron posiblemente los comicios con la participación más baja de la Historia de España. En Cataluña, sólo votó el 25% del electorado; en Madrid, el 28%.

La República federal

El 1 de junio de 1873 se abrió la primera sesión de las Cortes Constituyentes y comenzó la presentación de propuestas. El 7 de junio se debatió la primera de ellas, suscrita por siete diputados, que decía:
Artículo único. La forma de gobierno de la Nación española es la República democrática federal.
El Presidente, haciendo cumplir lo que ordenaba el Reglamento de las Cortes para la aprobación definitiva de las propuestas de ley, dispuso celebrar una votación nominal al día siguiente. El 8 de junio se aprobó la propuesta con el voto favorable de 219 diputados y solamente 2 en contra, proclamándose ese día la República federal. Al tiempo, los federalistas apostaban por un modelo confederal de tipo helvético, constituyéndose directamente en cantones independientes.
Así narraba Benito Pérez Galdós el clima parlamentario de la Primera República:
Las sesiones de las Constituyentes me atraían, y las más de las tardes las pasaba en la tribuna de la prensa, entretenido con el espectáculo de indescriptible confusión que daban los padres de la Patria. El individualismo sin freno, el flujo y reflujo de opiniones, desde las más sesudas a las más extravagantes, y la funesta espontaneidad de tantos oradores, enloquecían al espectador e imposibilitaban las funciones históricas. Días y noches transcurrieron sin que las Cortes dilucidaran en qué forma se había de nombrar Ministerio: si los ministros debían ser elegidos separadamente por el voto de cada diputado, o si era más conveniente autorizar a Figueras o a Pi para presentar la lista del nuevo Gobierno. Acordados y desechados fueron todos los sistemas. Era un juego pueril, que causaría risa si no nos moviese a grandísima pena.
Presidiendo un Consejo de Ministros, harto de debates estériles, llegó Estanislao Figueras a gritar en catalán: «Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco: ¡estoy hasta los cojones de todos nosotros!»2​ Tan harto que el 10 de junio dejó disimuladamente su dimisión en su despacho en la Presidencia3​ se fue a dar un paseo por el parque del Retiro y, sin decir una palabra a nadie, tomó el primer tren que salió de la estación de Atocha. No se bajó hasta llegar a París.

Gobierno de Francisco Pi y Margall

La república federal para Pi y Margall:

El procedimiento —no hay para qué ocultarlo—, era abiertamente contrario al anterior: el resultado podía ser el mismo. Representadas habían de estar en las nuevas Cortes las provincias, y, si éstas tenían formada idea sobre los límites en que habían de girar los poderes de los futuros Estados, a las Cortes podían llevarla y en las Cortes sostenerla. Como determinando la esfera de acción de las provincias habría venido a quedar determinada por el otro procedimiento la del Estado, determinando ahora la del Poder central, se determinaba, se quisiera o no,la de las provincias. Uno y otro procedimiento podían, a no dudarlo, haber producido una misma constitución y no habría sido, a mi manera de ver, ni patriotismo ni político dificultar por no transigir por este punto, la proclamación de la República.

Sí el procedimiento de abajo arriba no era más lógico y más adecuado a la idea de la Federación, era, en cambio, el de arriba abajo más propio de una nacionalidad ya formada como la nuestra, y en su aplicación mucho menos peligroso. No había por él solución de continuidad en el Poder; no se suspendía ni por un solo momento la vida de la nación; no era de temer que surgiesen graves conflictos entre las provincias; era la obra más fácil, más rápida, menos expuesta a contratiempos y vaivenes...

Francisco Pi y Margall
Tras la huida a Francia de Figueras, al advertir el vacío de poder ya iba a pronunciarse el general Manuel Sodas cuando un coronel de la Guardia Civil, José de la Iglesia, se presentó con un piquete en el edificio del Congreso y anunció a los diputados que de allí no salía nadie hasta que eligieran a un nuevo Presidente. Eligieron el día 11 de junio al también federalista Francisco Pi y Margall, que al presentar a su gobierno ante la Asamblea declaró que no tenía programa y que no sabía qué hacer. El esfuerzo principal del nuevo gobierno sería la elaboración de una nueva Constitución, así como la aprobación de una serie de leyes de carácter social: el reparto de tierras desamortizadas entre arrendatarios, colonos y aparceros, el restablecimiento del ejército regular, con levas obligatorias, la separación de la Iglesia y el Estado, la abolición de la esclavitud, la enseñanza obligatoria y gratuita, la limitación del trabajo infantil, la creación de jurados mixtos de empresarios y trabajadores, el derecho a la sindicación obrera y la jornada de trabajo de 8 horas.
El 16 de junio se eligió una comisión de 25 miembros que debía elaborar la nueva Constitución, presentándose el proyecto de Constitución Federal de la República Española, cuya redacción se atribuye principalmente a Castelar, al día siguiente para su debate.
El 28 de junio, Pi y Margall renovó la composición de su gobierno, pero debido a la lentitud y las constantes demoras durante los debates sobre la nueva Constitución, los acontecimientos se precipitaron con una celeridad asombrosa. El 30 de junio el ayuntamiento de Sevilla acordó transformarse en República Social, y al día siguiente los diputados federales intransigentes abandonaron las Cortes. Una semana más tarde, en Alcoy el 9 de julio, donde desde el día 7 de julio se desarrollaba una ola de asesinatos y ajustes de cuentas al amparo de una huelga revolucionaria (la llamada Revolución del petróleo) dirigida por elementos locales de la sección española de la AIT. Era sólo el comienzo. Poco después, comienza la sublevación cantonalista con huelgas generales en toda España, soldados asesinando a oficiales, alcaldes linchados, y un centenar de muertos.
Sello del cantón federal de Valencia.
Los focos federales del país no estallaron en forma de Estados autónomos, sino en una constelación de cantones independientes. Los levantamientos se suceden por diversas localidades del Levante y Andalucíafundamentalmente. Los hubo de ámbito provincial como Valencia y Málaga, otros más localizados, como AlcoyCartagenaSevillaCádizAlmansaTorreviejaCastellónGranadaSalamancaBailénAndújarTarifa y Algeciras, y los hubo incluso como tan pequeños como el pueblo manchego de Camuñas y el murciano de Jumilla. Según se afirma éste último proclamó un manifiesto que se haría famoso:
La nación jumillana desea vivir en paz con todas las naciones vecinas y, sobre todo, con la nación murciana, su vecina; pero si la nación murciana, su vecina, se atreve a desconocer su autonomía y a traspasar sus fronteras, Jumilla se defenderá, como los héroes del Dos de Mayo, y triunfará en la demanda, resuelta completamente a llegar, en sus justísimos desquites, hasta Murcia, y a no dejar en Murcia piedra sobre piedra.
No obstante, no existe constancia en el archivo municipal de la localidad ni de tal manifiesto ni de proclamación alguna, discurriendo al parecer las sesiones del periodo dentro de los cauces normales. Tal circunstancia ha llevado a algunos historiadores a negar la autenticidad de tal manifiesto y la propia existencia del Cantón de Jumilla, cuya invención atribuyen a mera propaganda antirrepublicana.
El más conocido y activo de todos los cantones fue el de Cartagena,que estalló el 12 de julio en aquella base militar y naval, bajo la inspiración del diputado federal huertano Antonio Gálvez Arce, conocido como Antonete.
Bandera cantonal de Cartagena en 1873
La primera hazaña de los cantonales cartageneros fue apoderarse del castillo de San Julián, lo que motivó un curioso telegrama del capitán general del Departamento al ministro de Marina: «Castillo San Julián enarbola bandera turca». Esa "bandera turca" era en realidad la bandera roja de la República Federal, la primera bandera roja en la historia de España. Gálvez apasionó a la marinería con su inflamada oratoria y se apoderó de la escuadra fondeada en el puerto, que en ese momento se componía de lo mejor de la Armada. Con la flota en su poder sembró el terror en la costa mediterránea próxima, y fue declarado pirata y buena presa por decreto del gobierno de Madrid. Ya en tierra, dirigió una marcha sobre Madrid que fue desbaratada en Chinchilla. El cantón de Cartagena acuñó moneda propia, el duro cantonal, y resistió seis meses de guerra e independencia.
Dos fragatas cantonales, la Almansa y la Victoria, salieron de Cartagena «hacia una potencia extranjera» (es decir, a Almería), para recaudar fondos. Al negarse la ciudad a pagar, fue bombardeada y tomanda por los cantonalistas, quines se cobraron ellos mismos el tributo. El general Contreras, al mando de la flota, se hizo rendir honores al desembarcar, curiosamente al son de la Marcha Real. A continuación, repitieron hazaña en Alicante y, de vuelta a Cartagena, fueron apresados como piratas por las fragatas acorazadas HMS Swiftsure y SMS Friedrich Karl, británica y alemana respectivamente.
Según don Emilio Castelar:
Hubo días de aquel verano en que creíamos completamente disuelta nuestra España. La idea de la legalidad se había perdido en tales términos que un empleado cualquiera de Guerra asumía todos los poderes y lo notificaba a las Cortes, y los encargados de dar y cumplir las leyes desacatábanlas sublevándose o tañendo arrebato contra la legalidad. No se trataba allí, como en otras ocasiones, de sustituir un Ministerio existente ni una forma de Gobierno a la forma admitida; tratábase de dividir en mil porciones nuestra patria, semejantes a las que siguieron a la caída del califato de Córdoba. De provincias llegaban las ideas más extrañas y los principios más descabellados. Unos decían que iban a resucitar la antigua coronilla de Aragón, como si las fórmulas del Derecho moderno fueran conjuros de la Edad Media. Otros decían que iban a constituir una Galicia independiente bajo el protectorado de InglaterraJaén se apercibía a una guerra con GranadaSalamanca temblaba por la clausura de su gloriosa universidad y el eclipse de su predominio científico [...] La sublevación vino contra el más federal de todos los Ministerios posibles, y en el momento mismo en que la Asamblea trazaba un proyecto de Constitución, cuyos mayores defectos provenían de la falta de tiempo en la Comisión y de la sobra de impaciencia en el Gobierno.
Más grave incluso era el problema de la Tercera Guerra Carlista, que campaba sus respetos con total libertad en las VascongadasNavarra y Cataluña, y extendía su acción a toda la península a través de partidas, mientras que el pretendiente Carlos VII había formado en Estella un gobierno con sus propios ministerios, que comenzaba incluso a acuñar moneda, mientras que la connivencia de los franceses les permitía recibir ayuda externa.
Sin tiempo para que la Constitución de la República Federal pudiera ser aprobada en las Cortes, Pi y Margall se vio en una situación crítica. Se negaba a reprimir la rebelión de los cantones porque declaraba, con toda lógica, que los sublevados no hacían más que seguir la doctrina que él había proclamado, en vista de lo cual, se vio forzado a dimitir el 18 de julio, tras 37 días de mandato. De esta forma describió las decepciones que le había dado la política:
Han sido tantas mis amarguras en el poder, que no puedo codiciarlo. He perdido en el gobierno mi tranquilidad, mi reposo, mis ilusiones, mi confianza en los hombres, que constituía el fondo de mi carácter. Por cada hombre agradecido, cien ingratos; por cada hombre desinteresado y patriótico, cientos que no buscaban en la política sino la satisfacción de sus apetitos. He recibido mal por bien...

Proyecto de Constitución Federal

Alegoría de La Niña Bonita sobre la I República Española,4​ publicada en La Flaca, revista humorística y liberal del siglo XIX.
El proyecto de Constitución Federal de la Primera República Española se desarrollaba a lo largo de 117 artículos organizados en 17 títulos.
En su primer artículo fijaba lo siguiente:
Componen la Nación Española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. Los Estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas, según sus necesidades territoriales.
Estos estados tendrían una «completa autonomía económico-administrativa y toda la autonomía política compatible con la existencia de la Nación», así como «la facultad de darse una Constitución política» (artículos 92º y 93º).
El proyecto de Constitución preveía en su Título IV, además de los clásicos Poder LegislativoPoder Ejecutivo y Poder Judicial, un cuarto Poder de Relación que sería ejercido por el Presidente de la República.
El Poder Legislativo estaría en manos de las Cortes Federales, que se compondrían de: Congreso y Senado, siendo el Congreso una cámara de representación proporcional con un diputado «por cada 50.000 almas» que se renovaría cada dos años, y el Senado, una cámara de representación territorial siendo elegidos cuatro senadores por las Cortes de cada uno de los Estados.
El Poder Ejecutivo sería ejercido por el Consejo de Ministros, cuyo Presidente sería elegido por el Presidente de la República.
El artículo 40 del proyecto disponía: «En la organización política de la Nación española todo lo individual es de la pura competencia del individuo; todo lo municipal es del Municipio; todo lo regional es del Estado, y todo lo nacional, de la Federación». El artículo siguiente declaraba que «Todos los poderes son electivos, amovibles y responsables», y el artículo 42 que «La soberanía reside en todos los ciudadanos, y se ejerce en representación suya por los organismos políticos de la República, constituida por medio del sufragio universal».
El Poder Judicial residiría en el Tribunal Supremo Federal, que se compondría «de tres magistrados por cada Estado de la Federación» (artículo 73º) que nunca serían elegidos por el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. Además establecía que todos los tribunales serían colegiados y la institución del Jurado para toda clase de delitos.
El Poder de relación sería ejercido por el Presidente de la República Federal cuyo mandato duraría «cuatro años, no siendo inmediatamente reelegible», como dice el artículo 81º del proyecto.

Gobierno de Nicolás Salmerón

Tras aceptar la dimisión de Pi y Margall, fue elegido Presidente del Poder Ejecutivo Nicolás Salmerón, con 119 votos a favor y 93 votos en contra.
El nuevo presidente, que era un republicano federal moderado, defendía la necesidad de llegar a un entendimiento con los grupos más moderados o conservadores y una lenta transición hacia la república federal. Su oratoria era demoledora. Francisco Silvela decía que Salmerón, en sus discursos, sólo usaba un arma: la artillería. Antonio Maura caracterizaba el tono profesoral de don Nicolás diciendo que «siempre parece que esté dirigiéndose a los metafísicos de Albacete».
Ya durante su etapa como Ministro de Gracia y Justicia en el gobierno de Estanisalo Figueras, promovió la abolición de la pena de muerte, así como la independencia del poder judicial frente al político.
Su nombramiento produjo una intensificación del movimiento cantonalista, para cuyo control tuvo que recurrir a generales abiertamente contrarios a la República Federal, mandando sendas expediciones militares a Andalucía y Valencia, al mando de los generales Pavía y Martínez Campos respectivamente, que uno tras otro fueron sometiendo a los distintos cantones, excepto el de Cartagena que resistiría hasta el 12 de enero de 1874.
Sus generales le solicitaron el “enterado” del gobierno y su firma para ejecutar varias sentencias de muerte a varios soldados desertores en el frente carlista, imprescindible, según ellos, para la recuperación de la disciplina del ejército. Salmerón, hombre de principios liberales muy avanzados, se negó a conceder el “enterado”, y, como figura inscrito en la piedra de su mausoleo: «Abandonó el poder por no firmar una sentencia de muerte». De tal modo, dimitió el 6 de septiembre.

Gobierno de Emilio Castelar

Al día siguiente, el 7 de septiembre, fue elegido para ocupar la Presidencia del Poder Ejecutivo el unitario Emilio Castelar, catedrático de Historia y destacado orador, por 133 votos a favor frente a los 67 obtenidos por Pi y Margall. Durante su anterior etapa, como Ministro de Estado en el gobierno de Estanislao Figueras, promovió y consiguió que se aprobase la abolición de la esclavitud en el territorio ultramarino de Puerto Rico, aunque no en Cuba por la situación de guerra que vivía.
Con motivo de la difícil situación por la que pasaba la República, con el agravamiento de la Guerra Carlista, Emilio Castelar comenzó la reorganización del ejército, anunciando ante las Cortes que «para sostener esta forma de gobierno necesito mucha infantería, mucha caballería, mucha artillería, mucha Guardia civil y muchos carabineros». A pesar de la oposición federalista, las Cortes le concedieron poderes extraordinarios para gobernar, tras lo cual se cerraron las Cortes el 20 de septiembre. Confirmó las sentencias de muerte que provocaron la dimisión de su predecesor, restableció el orden y dejó a punto de rendición a los cantonales de Cartagena.
Sin embargo, el caos provocado por la sublevación cantonal y el recrudecimiento de la Guerra Carlista le llevaron a reabrir las Cortes el 2 de enero de 1874, para someter a votación la gestión de su gobierno y recabar plenos poderes con los que salvar a la República del descrédito total.5
Se abrió, en efecto, la sesión de Cortes el 2 de enero de 1874 pero los federales se lanzaron en tromba contra don Emilio Castelar, a quien respaldaba el capitán general de Madrid, don Manuel Pavía, antiguo partidario de Prim, con quien se había alzado en Villarejo de Salvanés. Dos fuerzas bien diferentes amenazaban con interrumpir las deliberaciones de las Cortes: los federales, deseosos de acabar con Castelar a mano airada, y las tropas del general Pavía, partidario de Castelar, que tenía decidido acudir en su socorro para evitar su derrota ante el federalismo.
Salían ya los regimientos comprometidos por la orden del capitán general, cuando las Cortes conocieron la derrota de Castelar por 119 votos contra 101. Dimitió el último presidente de la República, y el de las Cortes, que era Nicolás Salmerón, ordenó proceder a nueva votación para elegir a un nuevo jefe del Poder Ejecutivo.
Pavía se situó en la plaza frente al edificio con su estado mayor y ordenó a dos ayudantes que impusieran a Salmerón la disolución de la sesión de Cortes y el desalojo del edificio en cinco minutos. La Guardia Civil, que custodiaba el Congreso, se puso a las órdenes del general y ocupó los pasillos del Congreso (sin llegar a entrar en el hemiciclo). Eran las siete menos cinco de la mañana, cuando se estaba procediendo a la votación para elegir al candidato federal Eduardo Palanca, y Salmerón, al recibir la orden del capitán general, suspendió la votación y comunicó el gravísimo suceso a los diputados. Entonces, éstos abandonaron el edificio a toda prisa, entre escenas de exacerbado histerismo; algunos incluso se descolgaron por las ventanas. Pavía, sorprendido, preguntó: «Pero señores, ¿por qué saltar por las ventanas cuando pueden salir por la puerta?».
Pavía, que era republicano unitario, le ofreció a Emilio Castelar continuar en la presidencia, pero este rehusó al no querer mantenerse en el poder por medios antidemocráticos. Estos hechos supusieron el final oficioso de la Primera República, aunque oficialmente continuaría casi otro año más.

La República unitaria

En medio de la convulsión política, entró en Cartagena el 12 de enero el general López Domínguez, sustituto de Martínez Campos, mientras Antonete Gálvez, con más de mil hombres, lograba eludir el cerco a bordo de la “Numancia”, y poner rumbo a Orán. El final de la experiencia cantonal fue pagado por Gálvez con el exilio, pero la Restauración le permitió, mediante amnistía, regresar a su Torreagüera natal. En esta época entablaría una extraña y entrañable amistad con don Antonio Cánovas del Castillo, máximo responsable de la Restauración, quien consideraba a Gálvez un hombre sincero, honrado y valiente, aunque de ideas políticas exageradas.
Entretanto, tras la negativa de Emilio Castelar, se encargó al general Serrano, recién regresado de su exilio en Biarritz por su implicación en la intentona golpista del 23 de abril, la formación de un gobierno de concentración que agrupó a monárquicos, conservadores y republicanos unitarios, y del que se excluyó a los republicanos federales.
Francisco Serrano, duque de la Torre, de 63 años, antiguo amante de Isabel II, ya había desempeñado por dos veces la jefatura del Estado. Proclamó la República unitaria, haciéndose cargo de la Presidencia del Poder Ejecutivo, y gobernó prescindiendo de las Cortes en una dictadura republicana conservadora. Durante su mandato se sometió al último de los cantones insurrectos, el de Cartagena, y se concentraron los esfuerzo en la guerra carlista en el norte de España. El general intentó sin éxito consolidarse en el poder de forma dictatorial, según el ejemplo del régimen de duques y generales que se imponía en Francia a la caída de Napoleón III y tras la derrota de la Comuna de París.
A los pocos meses, el 13 de mayo cedió la presidencia del gobierno a Juan Zabala de la Puente para encargarse personalmente de las operaciones contra los carlistas en el norte. Y más tarde le encargó el gobierno a Práxedes Mateo Sagasta el 3 de septiembre. El 10 de diciembre comenzó el sitio de Pamplona, pero el pronunciamiento de Sagunto lo interrumpió.

Final de la Primera República

El 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos se pronunció en Sagunto a favor de la restauración en el trono de la monarquía borbónica en la persona de don Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II. El gobierno de Sagasta no se opuso a este pronunciamiento, permitiendo la restauración de la monarquía. El triunfo de la restauración borbónica se logró gracias al trabajo previo de Antonio Cánovas del Castillo, que sin embargo era contrario al pronunciamiento militar.
Hasta 1931, los republicanos españoles celebraban el 11 de febrero, aniversario de la Primera República. Posteriormente, la conmemoración se trasladó al 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República, que además, entre 1932 y 1938 fue fiesta nacional.

Referencias

Notas

  1. Volver arriba www.ejercito.mde.es
  2. Volver arriba «Senyors, ja no aguanto més. Vaig a ser-los franc: estic fins als collons de tots nosaltres!».
  3. Volver arriba En aquel tiempo en la actualmente desaparecida Casa de los Heros, en la calle Alcalá número 34.
  4. Volver arriba Alegoría de la Niña Bonita durante la I y II Republica Española.
  5. Volver arriba Sólo había sido reconocida por dos naciones igualmente federales, Suiza y los EE.UU., y dos países hispanoamericanos.

Bibliografía

  • Barón Fernández, José. El movimiento cantonal de 1873 (1ª República). Ediciós do Castro, La Coruña, 1998. ISBN 84-7492-896-6
  • Catalinas, José Luis y Echenagusía, Javier. La Primera República. Reformismo u revolución social. Alberto Corazón, Madrid, 1973.
  • Guardiola, Tomás. "Historia de Jumilla". Imprenta Nogués, Murcia, 1976.
  • Jover Zamora, José María. Realidad y mito de la Primera República.. Espasa-Calpe, Pozuelo de Alarcón, 1991. ISBN 84-239-1994-3
  • Lacomba, Juan Antonio. La I República. El trasfondo de una revolución fallida. Guadiana, Madrid, 1976.
  • López Cordón, María Victoria. La Revolución de 1868 y la República. Siglo XXI, Madrid, 1976.
  • VV.AA. España, 1868-1874. Nuevos enfoques sobre el Sexenio Democrático. Junta de CyL, Valladolid, 2002. ISBN 84-9718-089-5

Véase también

Enlaces externos

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